El defensor particular

Cuando eres abogado y te apasiona la defensa, en ocasiones te tocará defender a un acusado por un delito grave, y eso inevitablemente te traerá reproches de la sociedad, porque se trata de "una mala persona".

Constantemente veo en los medios de comunicación a colegas que son juzgados por los entrevistadores/periodistas, los familiares del damnificado/víctima y por la comunidad debido a su labor al asumir la defensa de personas que están siendo investigadas por la presunta comisión de un delito, los profesionales son cuestionados moralmente y hasta en algunos casos insultados por el trabajo que realizan.

La condena social es aún peor si se trata de una abogada que ha sido contratada para ejercer la defensa técnica en un caso de abuso sexual, agrégale que la víctima sea un menor y esa colega tiene asegurado el odio de toda la sociedad.

Es que la mayoría de las personas ignoran la existencia del DERECHO A LA DEFENSA EN JUICIO que corresponde a todos los seres humanos, o si bien saben de su existencia, no tienen conocimiento de cómo se ejerce el mismo.

El Derecho a la Defensa en Juicio está contemplado en el ART. 18 CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA: "Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice."

Asimismo lo contemplan diferentes instrumentos internacionales como el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS -Firmado por Argentina el 19 de febrero de 1986, ratificado el 8 de agosto de 1986- que regula este derecho en su ART. 14.3: "Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

Por su parte el CÓDIGO PROCESAL PENAL expresa:

DERECHO DEL IMPUTADO- ART. 73: "La persona a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles."

ART. 104: "El imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso. En este caso el tribunal le ordenará que elija defensor dentro del término de tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio el defensor oficial.

En ningún caso el imputado podrá ser representado por apoderado. La designación del defensor hecha por el imputado importará, salvo manifestación expresa en contrario, el otorgamiento de mandato para representarlo en la acción civil.

Este mandato subsistirá mientras no fuere revocado.

El imputado podrá designar defensor aún estando incomunicado y por cualquier medio."

La defensa en juicio penal es una garantía indispensable de toda persona, que implica la posibilidad de defenderse, en cualquier etapa de un proceso, ante los órganos de justicia cuando se le imputa la comisión de un delito. Asimismo implica la obligación de los tribunales de velar por el respeto de un debido proceso penal y el equilibrio entre las partes intervinientes.

Esto implica que todo ciudadano al cual se le atribuye la comisión de un delito (aunque no lo desee) puede y debe defenderse, ya sea con el objetivo de buscar la declaración de su inocencia, ya sea para conseguir mejores condiciones en cuanto a la pena que le correspondiere en caso de ser declarado culpable.

Todo acusado tiene derecho a un abogado, puede contratar como defensor al letrado de su confianza y si no optara por designar a uno, el Estado se lo otorgará de oficio. Se debe garantizar el efectivo y real derecho de defensa, tanto técnica como material.

Es decir, es absolutamente necesaria la figura de los defensores particulares, quienes garantizamos el cumplimiento de derechos fundamentales, pero además, hacemos aquello para lo que nos hemos preparado durante mucho tiempo.

Muchas veces nos ganamos la condena social y un millón de reproches por ejercer nuestro trabajo. Pero acepto que existen colegas especuladores que terminan convirtiéndose en encubridores de verdaderos delincuentes, ya que trabajan con el único fin de obtener ganancias económicas y olvidan su rol social.

Debemos entender que no siempre que un sujeto es acusado de cometer un ilícito, éste será culpable, muchas veces puede estar siendo acusado injustamente y tiene derecho a demostrarlo, para ello necesita de un abogado que destine todos sus esfuerzos a la protección de sus intereses. No olvidemos la presunción de inocencia como garantía del Debido Proceso Penal explicada en un trabajo anterior "LA CRIMINALÍSTICA EN EL CAMINO HACIA LA JUSTICIA", al que me remito en éste punto.

Otra aclaración necesaria es que no siempre que un abogado asume la defensa técnica de alguien, necesariamente será para alegar su inocencia o falta de responsabilidad, sino que lo hará a los fines de cuidar que se respeten todas las garantías y derechos o por las mejores condiciones para el mismo, función que no se limita exclusivamente al proceso penal, ya que por ejemplo se puede ejercer la defensa en un proceso por un Sumario Administrativo.

Cualquiera que sea el caso, los abogados hacemos nuestro trabajo, para eso nos hemos preparado, esto no quiere decir que estemos de acuerdo o aprobemos lo que supuestamente hizo nuestro cliente.

La labor del defensor particular es sumamente pesada y compleja, no debe ir en contra de la ética profesional ni de la legalidad, es investigador, estratega y negociador, es un especialista y sobre todo, es quien debe asegurar el cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales de su representado.

Publicado por:

Milagro Nuñez
Milagro Nuñez

Bibliografía:

- Constitución Nacional de la República Argentina.

- Código Procesal Penal de Argentina.