La colaboración ciudadana

En los últimos días hemos visto como la Policía recurría a los medios de comunicación solicitando a los ciudadanos ayuda para identificar a la persona que realizó un llamada a la Cruz Roja, en la que alertaba que había dos personas de avanzada edad maniatadas en su casa.

Posiblemente, desde la investigación por la desaparición de Anabel Segura no había habido una petición similar. Un caso, el de Anabel, que conmocionó a toda la sociedad y que gracias a un ciudadano que reconoció la voz de uno de sus captores, a la postre, también asesino, se pudo llegar al triste esclarecimiento de los hechos. Anabel, de 22 años, fue asesinada la misma tarde que desapareció, pero su cadáver no se encontró hasta dos años después. Hasta entonces, los dos autores materiales de los hechos hicieron creer a la familia que Anabel seguía viva.

La colaboración ciudadana no supone la presentación de una denuncia formal, sino poner en conocimiento de los cuerpos de seguridad actividades presuntamente delictivas de las que se tiene conocimiento. Las distintas páginas web de los operadores de la seguridad pública invitan a ello de una manera clara, su legitimación la encontramos en elementos esenciales de la sociedad como son la convivencia pacífica, la seguridad y el respeto a la Ley, ya que la seguridad pública no es asunto solo de los cuerpos de seguridad, sino de todos los ciudadanos.

Desde la perspectiva de Requena Hidalgo[1], la relación ciudadano-policía se explica a través dos grandes modelos: los de control social, basados en los beneficios que conlleva el respeto a las leyes, y los normativos que devienen cuando las personas perciben que las decisiones y acciones de la policía son legítimas, lo que invita a la colaboración.

Pero, ¿hasta que punto el ciudadano tiene la obligación de colaborar?

No cabe duda, que desde un prisma personalísimo, dependerá de la moralidad o del civismo de cada uno prestar o no su colaboración. En este sentido, nada que objetar, pero si los hechos conocidos son como consecuencia de la comisión de un delito público, la cosa cambia. Los artículos 259 y 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a poner en conocimiento del Juez, Fiscal o Cuerpos de Seguridad el delito presenciado o del que se tuviera conocimiento por cualquier otro medio, con la salvedad del cónyuge del delincuente no separado legalmente, de su pareja de hecho o persona que conviva con él en análoga relación de afectividad, así como los ascendientes, descendientes y sus parientes colaterales hasta segundo grado de consanguinidad.

Entonces, en base a los artículos de la LECrim mencionados, si el ciudadano que identificó la voz de uno de los asesinos de Anabel Segura, se hubiera callado esa información, ¿hubiera incumplido ese deber? En mi opinión no, ya que el delito de detención ilegal (delito público) que por aquel entonces era el que se estaba investigando, ya estaba judicializado y la Policía lo que estaba solicitando era colaboración para esclarecerlo.

En cambio, el mismo supuesto, analizado desde lo recogido en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana en el que las autoridades y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden recabar de los particulares su ayuda y colaboración en la medida necesaria para el cumplimiento de los fines previstos en esta Ley, entre otros, la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y los demás derechos reconocidos y amparados por el ordenamiento jurídico. En este caso, si el ciudadano no hubiera aportado la información que conocía, que resultó definitiva para esclarecer los hechos, en mi opinión podría ser causa de una infracción grave recogida en el artículo 36.15 de la misma Ley. Claro está, que el sentido común dice que en la práctica sería imposible aplicar esta infracción, porque si el ciudadano calla, no hay información ni informante a quien castigar.

Por último, quiero matizar que es el ciudadano el que decide como dar la información, bien anónimamente, nada impide que así sea, ya que la Policía es la que debe contrastar la información o identificándose plenamente, lo que significa su entrada en el proceso penal en calidad de testigo, ya que como expone el artículo 410 de la LECrim, todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado. Sin duda, esta última situación es la idónea, ya que es la propia persona que conoce la información la que de una manera directa la pone en conocimiento del Juez de instrucción y más tarde en la celebración del Juicio oral. Pero en cualquier caso, lo importante es que la información sea de anónima o no llegue a los investigadores.

Publicado por:

Carlos Segarra D'Acosta
Carlos Segarra D'Acosta

Subinspector de la Unidad de Delitos Especializados y Violentos de la Comisaría General de Policía Judicial. Licenciado en Derecho. Máster en Ciencias Policiales - Especialidad en Antropología Forense. Experto en Derecho Penal Patrimonial, Económico y de Empresa. Miembro del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Honorario de la Universidad Autónoma de Madrid

Aclaraciones:

[1] La legitimidad policial y la colaboración ciudadana con la policía, Jesús Requena Hidalgo, Inspector de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra Barcelona, 2016, disponible en https://www.indret.com/pdf/1216.pdf



*Nota: las ideas y opiniones contenidas en este artículo son del autor/ o autores, sin que reflejen necesariamente, el pensamiento del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid.