Medios de comunicación y delito

Los cambios legislativos de los últimos años son un buen ejemplo de que las medidas políticas más punitivas han nacido a raíz de una demanda de la sociedad, demandas que generalmente han estado precedidas por sucesos que, debido a su gravedad, han generado sensación de inseguridad, percepción de impunidad de los agresores y desamparo de las víctimas.

Este movimiento social suele ser consecuencia (o en otros casos puede ser causa), del efecto que los medios de comunicación tienen sobre las percepciones del delito, además de ser utilizado como discurso político a la hora de recurrir al fenómeno del aumento de la delincuencia para proponer todo tipo de iniciativas populistas en el ámbito penal.

Muchos estudios ponen de manifiesto que la opinión pública tiene una imagen distorsionada de la realidad cuando se le pregunta por el problema de la delincuencia en general, tendiendo a sobredimensionar el problema y cuestionando continuamente las leyes, incluso antes de que estas se aprueben, por considerarla ineficaz de cara a reducir el número de delitos y evitar la reincidencia, dejando prácticamente impunes a los autores y desprotegiendo no sólo a las víctimas sino a la sociedad en general.

  • Datos de criminalidad Vs percepción de criminalidad

A la hora de recoger datos para medir la criminalidad de un país se utilizan instrumentos oficiales, como son las cifras proporcionadas por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía, Instituciones Penitenciarias y Poder Judicial, por otro lado existen otros instrumentos como son las encuestas de autodenuncia y las de victimización, encuestas que además ayudan a recoger la cifra negra real de los delitos ya que incluyen tanto el delito real como aquellos no denunciados. En España este tipo de encuestas ha sido siempre muy limitada, siendo el CIS el organismo que más atención les ha prestado, realizando cinco nacionales desde el año 1978.

Cuando comparamos los datos proporcionados por las estadísticas de criminalidad y las encuestas de victimización, encontramos la paradoja de que, por un lado, las cifras oficiales indican que la tendencia en nuestro país es baja para las tasas de delincuencia en general y mucho más bajas aun para los delitos más graves y, sin embargo las encuestas internacionales de victimización, colocan a España (junto con Portugal) entre los países más pesimistas en la relación entre tasas reales de delincuencia y miedo al delito. Esta perspectiva pesimista presupone que los ciudadanos creen que la delincuencia ha crecido en los últimos años, cuando en realidad ha bajado.

El sentimiento de inseguridad que genera esta percepción distorsionada del delito da lugar a un aumento en la preocupación y el miedo al delito, produciéndose el fenómeno: a mayor preocupación, mayores exigencias de amplitud e intensidad de la intervención penal. En esta línea, los estudios indican que los sujetos tienden a sentirse seguros si las noticas de sucesos no se refieren a la propia localidad del lector. Por otro lado, el miedo al delito hace referencia a la percepción que cada persona tiene sobre sus posibilidades de convertirse en víctimas. Es por ello que, los sucesos más graves como asesinatos, agresiones sexuales, robos con violencia, etc., son precisamente los que más temor causan y los que mayor repercusión mediática alcanzan, no resultando extraño que sea precisamente en el ámbito de la preocupación por el delito, donde los medios de comunicación muestran sus mayores efectos, tanto en la percepción ciudadana de la importancia relativa de un problema como en el debate emergente sobre las medidas apropiadas para resolverlo.

Un pequeño ejemplo de este fenómeno lo encontramos en los cuestionarios de percepción del homicidio que anualmente pasamos a los alumnos que participan en el curso "Homicidios sin Resolver" que organizamos desde el Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Previo al inicio del curso, cada alumno contesta a una serie de cuestiones relacionadas con estadísticas de homicidios con el fin de medir su percepción sobre este fenómeno. Los resultados (similares en cada edición) muestran que existe una distorsión entre la realidad del homicidio y la percepción que los asistentes tienen, creyendo, por ejemplo, que la tasa de criminalidad en España ha aumentado en los últimos años (cuando en realidad ha disminuido), que anualmente quedan sin resolver entre 70-100 homicidios en España (cuando son en torno a 15-20), que los jóvenes y los menores son los que más homicidios comenten (cuando el grupo de edad se sitúa entre los 41 y 64 años y la media de homicidios en menores es de unos 15 anuales) las principales víctimas son mujeres (cuando en realidad son hombres) o que la violencia de género es el principal móvil del homicidio es España (cuando la reyerta y el móvil sentimental en general son las principales causas). Piense el lector en estos datos y compárelos con la agenda de sucesos diaria.

  • Los medios de comunicación

Los medios de comunicación han ido experimentando en los últimos años una evolución con respecto a las crónicas de sucesos, de manera que en la actualidad podemos decir que, cuando se selecciona una determinada noticia de entre todo el conjunto de sucesos que pueden ocurrir en un país en un sólo día, para que se convierta en "noticia de interés público" (principalmente aquellos más violentos y dramáticos o que responden a algún tipo de medida para producir un cambio de paradigma en la sociedad), nos vemos sometidos a un "bombardeo" informativo continuo a través de televisión, radio y prensa. Los medios se esmeran por mostrarnos todo lo que tenga que ver con el suceso a través de grandes despliegues informativos, programas especiales, entrevista a familiares, testigos, víctimas de sucesos similares, etc.,

Todo esto provoca que la percepción del ciudadano no sólo se vea alterada por la sobreexposición a este tipo de noticias, sino también por determinadas estrategias que los medios utilizan como el lenguaje a la hora de transmitir la noticia: tachar de carnicería un determinado suceso, hablar de la psicosis que en la población produjo determinado hecho, dar datos de la vida de la víctima y sus familiares que nos hacen empatizar con ella y que generan ese miedo al delito mencionado anteriormente que nos lleva a pensar que "nos puede pasar a cualquiera", etc; llevar la noticia en portada, concederle más espacio o tiempo en antena, incluir imágenes como fotos del suceso, de la propia víctima o sus familiares, o que tengan relación con su vida diaria, del agresor, etc.

El resultado es que el suceso acaba formando parte de un seguimiento mediático que puede prolongarse durante años, y en el que se persigue todo lo que tenga que ver con los hechos: actuaciones policiales y judiciales, relatos y crónicas sobre el transcurso de la investigación policial, la detención de el o los presuntos autores, el juicio, la sentencia (inclusive aquellas dictadas en segunda instancia años después de que los hecho ocurrieran) encarcelamiento, puesta en libertad, aniversarios del suceso, programas especiales y campañas para que el suceso no caiga en el olvido, etc. de manera que estos sucesos acaban formando parte de nuestra vida diaria, despertando por un lado, nuestra curiosidad y nuestro sentimiento de ayuda y proactividad social, y por el otro y esto es más negativo, generándonos una sensación de preocupación e incluso miedo al pensar que nosotros o nuestros allegados podríamos estar expuestos a convertirnos en víctimas.

En esta misma línea también es importante el papel que los medios juegan en la visión que se transmite del trabajo policial, de manera que, ante mensajes que ensalzan la labor de la policía en la investigación y resolución de determinados casos, se genera en la sociedad un sentimiento de seguridad que puede ser totalmente inverso si el mensaje que se manda es el de ineficacia policial, por ejemplo que una investigación no se resuelva o se prolongue en el tiempo puede generar una percepción de impunidad hacia el o los agresores que puede provocar que se cree una desconfianza hacia la institución.

  • Ejemplos de reformas legislativas

La intervención penal se manifiesta de diversas formas a través de reformas legislativas como puede ser el endurecimiento de la duración de las penas privativas de libertad (como en los delitos de terrorismo o en materia de responsabilidad penal del menor), transformación de faltas en delitos (en los casos de violencia doméstica) o creación de nuevos centros penitenciarios.

Cabe destacar entre los ejemplos de reformas, el que sin duda es el que más repercusión tuvo a nivel social y legislativo, nos referimos al caso de Ana Orantes, cuyo testimonio en un programa de televisión, cambió la visión que hasta entonces se tenía sobre la violencia machista, pasando de ser un problema de ámbito privado a convertirse en una cuestión social y jurídica. Ana Orantes fue asesinada por su ex marido el 17 de diciembre de 1997, 13 días después de denunciar en televisión 40 años de maltratos, el caso adquirió tal calibre mediático que, dos años después del suceso (1999), el Gobierno reformó el Código Penal, introduciendo órdenes de alejamiento e incluyendo la violencia psicológica como delito. Estas medidas fueron las predecesoras de la llamada Ley Integral contra la Violencia de Género, implantada en el año 2004. 20 años después de su muerte siguen muriendo mujeres a mano de sus parejas (44 en 2016 y 38 hasta septiembre de 2017), pero sin duda este hecho supuso un antes y un después en la percepción y en la protección de las mujeres a nivel social y judicial.

La Ley Penal del Menor es otra de las leyes que más polémica sigue causando, casos como el del J.R.P, más conocido como "el asesino de la Katana" que mató a sus padres y a su hermana en el año 2000 a la edad de 16 años, la violación y asesinado de Sandra Palo en 2003 a manos de tres menores y un adulto de apenas 19 años, o más recientemente el asesinato y posterior desaparición del cuerpo de Marta del Castillo en el que uno de los participantes fue un menor (condenado por encubrimiento y no por asesinato), han contribuido a generar una imagen social negativa sobre el problema de la delincuencia juvenil abriendo el debate acerca de la eficacia de las leyes existentes.

Con el fin de dar respuesta al debate generado en la sociedad, en el año 2000 vio la luz la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (L.O. 5/2000), que define el marco de actuación con los niños, adolescentes y jóvenes que han cometido delitos, centrándose en la necesidad de una intervención de naturaleza educativa y reparadora. Hoy día se mantiene la presión social para que continúen las reformas en términos de endurecimiento y alargamiento de las penas, prueba de ello es el hecho de que desde que entrara en vigor el 13 de enero del 2000, la LORRPM, ha sido reformada hasta en cinco ocasiones (dos de ellas incluso unos días antes de su entrada en vigor). En el año 2006 el Comité Económico y Social Europeo alertó sobre el efecto de la opinión pública en las intervenciones con medidas judiciales sobre los menores, recalcando la necesidad de desarrollar políticas de información adecuadas que ayuden a situar la percepción social sobre la delincuencia juvenil en sus justos términos y que permitan tomar decisiones políticas, sociales y educativas basadas en datos contrastados.

Otro ejemplo de modificaciones legislativas que surgen a raíz de una gran demanda social y coincidiendo con la sombra de las elecciones, entre los años 2000 y 2003 el Gobierno del Partido Popular inicia una campaña de modificaciones legislativas, comenzando con la LO 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación del Código Penal y de la Ley de responsabilidad penal de los menores en relación con los delitos de terrorismo, la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, en enero de 2003 introdujeron un anteproyecto de reforma legal dirigida a elevar las penas de los delitos de terrorismo y a garantizar su cumplimiento íntegro, pocos días después presenta un paquete de medidas severas contra la pequeña delincuencia, basada en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la prisión provisional para los imputados por delitos castigados con menos de dos años de prisión si tienen antecedentes penales. Como consecuencia de las dos medidas anteriores se promete la creación de nuevas cárceles ante la posible avalancha de presos preventivos, posteriormente llegaría la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. Ese mismo año llegarían dos reformas más, una relacionada con la extranjería por la que se facilitaría la expulsión de extranjeros indocumentados que cometan delitos, y otra dirigida a los reincidentes, a través de la cual se eleva a categoría de delito la acumulación de cuatro faltas.

Otro ejemplo que puede encontrarse en relación a demandas sociales y medidas legislativas es la Prisión Provisional, cuyo fin sería mitigar la alarma social provocada por el delito, de hecho hasta el año 2003 este era uno de los supuestos que existían para decretar prisión provisional, junto con el supuesto de que el delito a juzgar fuera cometido frecuentemente. Este supuesto desapareció a partir de la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de Octubre, a partir de la cual la existencia de alarma social ya no se considera motivo para apoyar la adopción de prisión provisional del presunto autor de un delito aunque el hecho trascienda a la opinión pública.

En junio de 2015 entró en vigor la última reforma del Código Penal en la que se incluía un nuevo endurecimiento de las penas (incendios forestales, piratería y maltrato), se elevaron faltas a la categoría de delitos, se aumentó la edad de consentimiento sexual a 16 años, se incluyó una reforma para los delitos de pornografía infantil y ciberacoso, e introdujo medidas más concretas como la polémica "Prisión Permanente Revisable" (que convirtió nuestro CP en uno de los más duros de Europa), surgida como consecuencia del movimiento social que los últimos casos mediáticos habían provocado (Caso Mari Luz, Caso Marta Del Castillo, Caso Bretón etc.) en los que el papel de los medios de comunicación ha sido determinante. Actualmente esta última medida se encuentra en proceso de derogación al estar recurrida por la oposición ante el Tribunal Constitucional.

Publicado por:

Sandra Vázquez. Psicóloga. Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid.
Sandra Vázquez. Psicóloga. Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid.

*Nota: las ideas y opiniones contenidas en este artículo son del autor/ o autores, sin que reflejen necesariamente, el pensamiento del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Referencias

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