Prisión sí, pero no permanente revisable

Con el trágico caso de Gabriel se ha abierto en España un acalorado debate sobre la prisión permanente revisable -que entró en vigor con la LO 1/2015 de 30 de marzo- mediante la cual, una persona condenada por crímenes que causan una especial repulsa social o delitos de excepcional gravedad como asesinatos en serie, quien matare a menores de edad, quien agreda sexualmente y acabe con la vida de la víctima o quien cometiere magnicidio, puede revisar su puesta en libertad tras haber cumplido un mínimo de 25 años y acreditar su rehabilitación. Esta ley fue aprobada en su momento con los votos en solitario del PP - con mayoría absoluta en aquel momento- y la negativa y posterior recurso al Tribunal Constitucional de todos los partidos contra esta modificación.

Tras lo acontecido en Almería, y ya habiéndose puesto otra vez encima de la mesa con el desenlace del caso Diana Quer, el PP y Ciudadanos han presentado sendas enmiendas para que se amplíen los supuestos y para que se endurezcan los requisitos para que los presos tengan permisos o puedan obtener la libertad condicional. Paralelamente, el PNV presentó una propuesta para derogar dicha ley, pero no se votó tal propuesta y aún se espera que el TC se pronuncie tras el recurso del 2015.

Como criminólogo, este tema me toca muy de cerca y os quería traer un análisis fundamentado desde mi punto de vista.

No es una medida constitucional

El artículo 25.2 de la Constitución Española expone que Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Creo que la claridad es aplastante y es lógico pensar que una persona que pasa 25 años en una cárcel, la rehabilitación no la vendrá por inspiración divina y es más proclive a que aparezcan fenómenos de conducta como la prisionización. El amoldarse a la vida en la cárcel, sus códigos de conducta y comportamientos varios hacen que las personas presas refuercen más conductas criminales tras pasar largas temporadas en contacto exclusivo con personas con otros comportamientos criminales.

Por ello, no es descabellado pensar que la prisión permanente revisable sea una medida exclusivamente para apartar a ciertos individuos a la sociedad, sin tener la mínima intención de cumplir el mandato constitucional de reinserción social. Y si se le da otra vuelta de tuerca, también iría en contra del principio de humanidad de las penas, y por consiguiente, con el no cumplimiento del artículo 10.1 de la Carta Magna, donde se fundamenta el principio de dignidad humana.

Asociaciones como Juezas y Jueces para la democracia defienden estos argumentos para que se derogue esta norma:

No se ajusta al corte garantista de nuestro ordenamiento jurídico

El artículo 1 de la Constitución Española dice que España se constituye en un Estado Social y Democrático del Derecho. Consecuencia directa es que la adopción de la corriente penalista propia del sur europeo, la llamada corriente Garantista. Esta corriente surgió como una forma de romper con el poder absoluto de las dictaduras del siglo XX, abogando por un derecho penal mínimo en contrapartida de la inflación penal que supuso la legislación durante esos periodos de absolutismo y la visión del sistema penal como una herramienta útil para gobernar la vida social, adoptando los Derechos Humanos como fundamentos y límite del derecho penal.

Dentro de los principios que esta corriente incluye en el derecho penal, hago especial mención por el caso del que hablamos, se encuentra el principio de humanidad y respeto a la dignidad humana. Muy relacionado con los expuesto en el punto anterior, los principios establecidos tienen la función de poner límites al derecho, y este en especial se traduce en que no se pueden incluir penas como la de muerte o la cadena perpetua, pues el fin es que las penas se cumplan y se hagan con dignidad humana, en estrecha relación con el principio de legalidad. Esto da que pensar en cuanto al nombre dado a la pena de prisión permanente revisable, como aprovechar un resquicio en cuanto a nomenclatura para poderla incluir, que haría darle vueltas incluso a Hegel.

Dicho esto, huele que la tendencia que se ha adoptado para justificar esta medida es la de la corriente Correccionalista, presente en España a finales del siglo XIX y principios del XX. Postulaba que el delincuente debe ser entendido como un miembro de la sociedad tutelado por el Estado y la pena a imponer debe buscar la enmienda moral, la cual se logra mediante un tratamiento penal individualizado y la pena de prisión indeterminada como la mejor opción de tratamiento. Otra muestra más de la deriva decimonónica en España.

Es una medida puramente populista

No es baladí afirmar que la introducción de la prisión permanente revisable, y el reciente debate para endurecerla, ha sido más una obra para sacar rédito político que un análisis sesudo y estudiado de la necesidad y la efectividad de la entrada en vigor de dicha norma. Lo que realmente ha hecho ha sido instrumentalizar un suceso trágico y el dolor de varias familias para un beneficio propio más que un beneficio para la sociedad. Y esto va ligado a la percepción de la necesidad o no de la implantación de esta norma.

España no es un país inseguro, todo lo contrario, -tal como podréis ver de forma más detallada en nuestro artículo La realidad del homicidio en España - en comparación con los países de nuestro entorno, tenemos una tasa de criminalidad baja y además descendente los últimos años. Por ello podemos decir...

Es innecesaria.

Como extra, recomendar el visionado de la película Cadena Perpetua (1994), y concretamente resaltar el monólogo final, el cual da para reflexionar sobre la utilidad de esta pena y que significa en el texto legal la condición de reinserción.

Publicado por:

Javier Andrés Caballero
Javier Andrés Caballero