Seguridad, ¿privada o pública?


La cuestión que plantea el título de este artículo es un debate abierto que nos encontramos en la sociedad actual.

Este debate no sólo está presente en el ámbito de la seguridad, sino también en otros como la educación o la sanidad; y es un debate lícito, actual y hasta considero que sano y necesario. La cuestión no es baladí y trasciende la discusión coloquial y, posiblemente incluso la académica, puesto que, en nuestro caso concreto hablamos de un derecho fundamental, base además para el desarrollo de las libertades individuales y también de la vida social. Por ello no sólo hemos de tener en cuenta jurisprudencia y doctrina, sino también ámbitos reales y más prácticos como problemáticas sociales, demandas de los ciudadanos e índices delincuenciales.

La existencia de seguridad privada puede históricamente remontarse muy atrás en unos u otros formatos, y, en la sociedad actual, está presente con distintos alcances en todos los países de nuestro entorno. En el caso concreto de España el fundamento jurídico tenemos que buscarlo en el más alto nivel normativo: el artículo 17 de la Constitución.

Dicho artículo establece que "toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad".

Por tanto la primera precisión a realizar es que, jurídicamente, la seguridad se configura como un derecho de los ciudadanos, y no como cualquier derecho, sino como un derecho fundamental, con todas las garantías que le asisten.

Dado que la seguridad es un derecho, como con cualquier otro, el Estado es el encargado de intentar garantizar el libre ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos, disponiendo para ello como instrumento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como así establece el artículo 104.1 de nuestro texto constitucional.

Hasta aquí, como vemos, no aparece la seguridad privada; pero, ¿cuál es la razón de que exista esa seguridad privada? Por un lado hay que pensar que los recursos de que dispone el Estado son siempre limitados, por lo que él mismo viene a considerar que si alguien quiere disponer de más seguridad que la que puede ofrecer, lo va a permitir. Por otro lado, existirían esferas de actividad más estrictamente privadas (y que posiblemente puedan influir menos en la seguridad ciudadana); aquí el Estado vuelve a adoptar la misma postura: si quieres seguridad para tus cosas lo permito, con coste a tu cargo.

En ambos casos, no sólo es que el Estado permita esa seguridad privada, sino que la autoriza, dice cómo debe ser en todos los ámbitos, cómo deben desarrollarse todos los servicios, tiene la postestad de controlarlos e inspeccionarlos, e incluso, si hay anomalías, bien no autorizarlos o fundamentalmente proponer para sanción e incluso finalizarlos.

De cualquier manera, y volviendo a la legitimación estricta de la seguridad privada, la existencia de ésta se basa, al final, en que el titular de ese derecho fundamental es el ciudadano, no el Estado, y por tanto el propio Estado no puede negarme ese derecho a la seguridad si soy yo el que quiere intentar garantizárselo, sólo supervisarlo y darlo forma. La seguridad privada es, como no puede ser de otra manera, una de las actividades más intervenidas desde el punto de vista administrativo.

La propia Ley 5/2014, de Seguridad Privada establece que la seguridad privada es complementaria de la pública. Esto nos lleva a establecer que en España la fórmula jurídica de la seguridad se articula como la suma de la seguridad pública y de la privada. De alguna manera y por expresarlo de una forma más gráfica y menos jurídica, en virtud de ese artículo 104.1 de nuestra Carta Magna, la parcela de la seguridad pertenecería a la seguridad pública, pero una parte de ella es arrendada a la seguridad privada; por eso cuando alguien (empresa o personal) quieren acceder a esa parcela necesitan primero de su autorización; una vez que están dentro de ella, los titulares de la parcela (las Fuerzas de Seguridad) son los que vigilan si son buenos inquilinos, y en caso contrario puede llegar a producirse la expulsión de la misma. Progresivamente, además, la seguridad privada viene ocupando cada vez más terreno en esa parcela.

La normativa de seguridad privada española, que ya fue avanzada en su momento y modelo para otros países con la Ley 23/92, sigue siéndolo con la actual Ley 5/2014, de seguridad privada; en particular comentaremos alguno de los nuevos servicios que en ella se establecieron:

"Artículo 41. Servicios de vigilancia y protección.

3. Cuando así se decida por el órgano competente, y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán prestarse los siguientes servicios de vigilancia y protección:

a) La vigilancia perimetral de centros penitenciarios.

b) La vigilancia perimetral de centros de internamiento de extranjeros.

c) La vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públicos.

d) La participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. La prestación de estos servicios también podrá realizarse por guardas rurales."

Los nuevos servicios que aparecen en este apartado tercero del artículo 41 fueron muy polémicos ya desde antes de la aprobación de la Ley, y no sería descartable que, si en el convulso momento político que atravesamos los partidos con representación parlamentaria que se encontraban en la oposición cuando se aprobó la norma accedieran al Gobierno de la nación, tratasen de derogar el artículo.

De él, podemos hacer una división en dos partes: los tres primeros apartados, que pueden tener ciertas similitudes, y el último.

De los tres primeros, posiblemente el más destacado sea el apartado a), pues en su puesta en marcha se alzaron muchas voces con opinión contraria, desde partidos políticos a asociaciones de Guardias Civiles, sindicatos policiales o meros ciudadanos.

Ante esas voces podemos hacer algunas argumentaciones, no ya como profesionales de la seguridad, sino simplemente como ciudadanos:

  • Las funciones que desempeñan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en esos servicios no son particularmente sofisticadas.
  • Con la formación adecuada la seguridad privada puede prestarlas (si ha aprendido un funcionario público, casi seguro que yo también puedo aprender).
  • Posiblemente el coste de la prestación del servicio por parte de seguridad privada sea más económico.

Al final, vemos que lo primordial es la capacitación adecuada del personal, y, por supuesto, la seriedad y el control de las administraciones públicas tanto en las licitaciones como en el seguimiento de los contratos. Yo, particularmente, como ciudadano, no me gasto el dinero que cuesta formar un Guardia Civil, por ejemplo, en que esté visionando cámaras en un cuarto de control, porque eso lo puede hacer perfectamente un vigilante de seguridad con infinitos menos costes; yo me gasto el dinero en un Tedax, un Geo, o la Policía Científica, por poner algunos ejemplos, pero no en eso. Criterios económicos, de funcionalidad y de optimización de recursos e inversiones.

Con la ya señalada disminución de efectivos que acusa progresivamente la seguridad pública, por mucho que deseásemos que la película fuese otra, es la que es, y en muchos casos no se garantiza correctamente el derecho a la seguridad de los ciudadanos. Patrullas nocturnas turnándose vehículos en capitales de provincia, patrullas a pie porque no pueden realizarse los mantenimientos oportunos de los vehículos o llenarse de combustible, fotocopias por cortesía del ayuntamiento porque ya no tenemos para tóner o tiempos de respuesta aumentados porque los funcionarios que quedan son escasos (los demás estaban en Cataluña) son algunas de las situaciones vividas en los últimos tiempos.

Realmente como ciudadanos estamos muy orgullosos de nuestras Fuerzas de Seguridad, las instituciones más valoradas siempre en todas las encuestas, y reputadísimas a nivel mundial, trabajando muchas veces con recursos, medios, sueldos y apoyos ínfimos obtienen resultados impresionantes. Nos encantaría tener más como ellos...pero no los tenemos, y es un problema a abordar.

En esta misma situación el Estado se ha encontrado ya varias veces. Echando la vista atrás todos recordamos cómo se modificó la Ley cuando ETA extendió su amenaza a colectivos como periodistas o jueces y el Estado institucionalizó las escoltas privadas. Cuando antes comentábamos los servicios en centros penitenciarios me venía a la cabeza el caso de los Aeropuertos: llegó un momento en que el tráfico aéreo se disparó y la Guardia Civil no tenía suficientes efectivos ni suficientemente formados, y AENA, como gestor de la mayoría de los aeropuertos le pidió una solución al Ministerio del Interior como competente para prestar la seguridad. Solución, la misma, firma en 1.999 de un Convenio para permitir los servicios de seguridad privada supervisados por la Guardia Civil. ¿En qué nivel estaba la seguridad privada en los aeropuertos con anterioridad a esa fecha y dónde se encuentra ahora?; no hay ni que explicarlo, porque nadie se cuestiona la capacidad y profesionalización de los vigilantes de seguridad en los aeropuertos.

Son sólo algunos ejemplos. Más polémico aún es el apartado d) de ese artículo 41, pues posibilitaría que la seguridad privada realizase servicios como patrullaje en vías públicas o reforzar a las unidades antidisturbios en manifestaciones o similares. Sinceramente, aunque la Ley lo autorice, no creo que lo veamos a corte o medio plazo, porque ningún grupo político se atrevería a ello y, aunque se han hecho algunos servicios en este ámbito, como patrullas en pequeños municipios asimilables a policías locales, creo que aún nos queda mucho por andar y que, para algunos de esos servicios, la capacitación del personal de seguridad privada debería ser otra.

Algunas voces dicen que la seguridad privada sólo beneficia a unos pocos y que no se debería entrar en lo público, pero, ¿dónde está la frontera de lo público?, ¿qué es?. Empresarialmente la seguridad privada como cualquier otra actividad económica está regulada y sometida a la ley, parte por la cual no hay nada de particular que alegar. Si una patrulla de seguridad privada que presta servicio en un polígono industrial detiene a una banda de butroneros, ¿cuál es la diferencia con que la detenga una patrulla de la seguridad pública? ninguna, pero hay tres delincuentes menos en la calle. Si los vigilantes de seguridad del Santiago Bernabeú impiden un atentado terrorista, el beneficio para quién es, ¿para Florentino Pérez? ¿Para el Real Madrid? O tal vez para los ciudadanos que se encontraban en el estadio y no lo han sufrido. El beneficio social de la seguridad privada está más que demostrado. No olvidemos que en numero de efectivos, son más que Cuerpo Nacional de Policía o que Guardia Civil, y me parece muy acertado que los ciudadanos podamos aprovecharnos directa o indirectamente de esos recursos.

Como ciudadano, cuando voy a un hospital no me fijo en el rótulo de la entrada ni en el color de la bata del médico; deseo que me atiendan bien, rápido, no me corten la pierna equivocada y, si además le cuesta poco dinero al Estado mejor que mejor. Con la seguridad privada hemos de pensar lo mismo, pública o privada no son más que apellidos que contribuyen a garantizar ese derecho tan preciado por el ciudadano.


  • Publicado por:
José Ignacio Olmos
José Ignacio Olmos