Una nueva figura para el psicólogo: Coordinador de la parentalidad

Este mes he asistido a un evento internacional donde nos hemos reunidos psicólogos jurídicos y forenses de diferentes puntos del mundo para poner sobre la mesa temas de actualidad sobre la materia y novedades en nuestro campo. He de decir que ha sido sumamente interesante y de todas y cada una de las charlas a las que he asistido he podido sacar algún conocimiento nuevo a tener en cuenta para mi trabajo pericial. Una de las "novedades" que me traje de esta última reunión es la que quiero compartir hoy con vosotros. La "nueva" figura que podemos desempeñar los psicólogos que trabajamos para el campo de la justicia en derecho de familia. Se trata del Coordinador de Parentalidad (CP).La coordinación de la parentalidad es un proceso alternativo de resolución de disputas centrado en los niños/as en virtud del cual un profesional de la salud mental o del ámbito jurídico con formación y experiencia en mediación, asiste a progenitores en situación de alta conflictividad a implementar su plan de parentalidad (Association of Family and Conciliation Court, AFCC, 2006). En el mismo sentido, la American Psychological Association (APA, 2012) considera la CP como un proceso de resolución de conflictos de carácter no adversario regido por el principio del mejor interés del menor, que puede ser ordenado por el juzgado o acordado por los progenitores que permanecen en un continuo conflicto o litigio sobre sus hijos tras la ruptura. Como vemos, estos coordinadores de parentalidad son, pues, designados para hacer posible la correcta ejecución de las sentencias ante estas intensas batallas legales que no se han podido solucionar conjuntamente a través de otros métodos disponibles como la mediación o la negociación. Esto se consigue mediante la ayuda a los progenitores y, de esta forma, se eliminan las consecuencias que puedan tener éstas disputas sobre los menores, puesto que ya sabemos que la conflictividad parental es un factor determinante en el bienestar de éstos (Kelly, 2008).

Nótese que al inicio especifico las palabras "novedad" y "nueva" figura entrecomilladas. Esto se debe a que la figura no es realmente nueva en sí misma sino que lleva disponible ya algunos años aunque no es una figura nacionalmente extendida aún, por lo que por eso puede sernos desconocida a algunos (al menos para mí lo era hasta ahora).

El origen de este nuevo rol se sitúa en Estados Unidos y Canadá sobre los años 90 (Deutsch, Misca y Ajoku, 2018) ante un contexto similar al que se vive actualmente en España: un elevado índice de divorcios, con custodias compartidas sentenciadas que, a la práctica, ocasionaban una elevada judicialización de situaciones cotidianas en las que los progenitores no llegaban a un acuerdo mutuo y, de este modo, la batalla legal no acababa nunca, con todo lo que ello acarrea tanto para los progenitores como para los menores. A día de hoy ya se encuentra ampliamente instaurada en casi toda Norteamérica a pesar de no estar regulada legalmente en todos los estados (Demby. 2016). Además, su buena funcionalidad se ha estudiado empíricamente, dando como resultado en Mendez, E., López, A. y Seijo, D. (2018) un resumen sobre la eficacia en la intervención familiar con estos coordinadores. Los estudios encuentran:

  • Una reducción de la actividad judicial (Cyr, Macé, y Quigley, 2016; Brewster, Beck, Anderson, y Benjamin, 2011; Henry, Fielstone y Bohac, 2009; Scott et al. 2010)
  • Una reducción de la intervención de agencias externas al juzgado (tanto públicas como privadas) involucradas en la intervención con la familia (Brewster et al., 2011)
  • Los progenitores mejoran su relación de coparentalidad, así como la comunicación entre ellos (Quigley y Cyr, 2017; Scott et al. 2010)

(Recogido de Mendez, E., López, A. y Seijo, D. (2018))

Es por esto que, a lo largo de los años, el interés sobre esta figura se extiende a otros lugares llegando a España. Aquí este nuevo papel se conoce por primera vez en Cataluña, a la que le han seguido otras comunidades como Aragón, Mallorca o Valencia, con el consecuente incremento de sentencias judiciales que dictan en ellas la designación de un coordinador parental (Capdevila, 2016).

Para poder cumplir sus funciones adecuadamente, esté en el país que esté, el CP debe desempeñar 5 funciones que se establecen en la AFCC (2006):

· Una función educativa, mediante la enseñanza en cuestiones de desarrollo de los menores o el impacto del conflicto interparental y el entrenamiento de los progenitores en habilidades parentelas y de comunicación.

· Una función de evaluación de toda la información disponible del caso y la obtenida de las entrevistas con la familia y con otras fuentes de información, así como de los problemas e impedimentos descritos por los progenitores.

· Una función de gestión del caso a través del trabajo con todos los profesionales implicados y la familia extensa.

· Una función de gestión del conflicto para resolver los desacuerdos relativos a sus hijos utilizando técnicas de mediación.

· Y una función de toma de decisiones, de modo que cuando los progenitores no son capaces de ello, el coordinador debe contar con la autoridad para arbitrar en la medida descrita en la resolución judicial. Esta autoridad se relaciona a cuestiones cotidianas y de carácter urgente, pues las decisiones de mayor alcance han de ser tomadas directamente por el Juez.

(Carter, 2011; Emery, Rowen y Dinescu, 2014; Kelly, 2008; Montiel, 2015) (Recogido de Parada, V., Seijo, D. y Fariña, F. 2018)

A su vez, tanto la ya mencionada AFCC (2006) como la APA (2012) también han delimitado en estas directrices las áreas de formación que necesita el CP, que incluyen conocimientos sobre:

  • el impacto de la ruptura de la pareja tanto en los progenitores como en los hijos, así como de los factores de riesgo y protección que pueden influir en el ajuste de todos los miembros de la familia tras la ruptura
  • dinámicas familiares en procesos de ruptura (violencia de género, negativa de los hijos a acompañar a alguno de los progenitores, alto nivel de conflicto entre éstos...)
  • situaciones y problemáticas específicas como violencia de género o maltrato infantil
  • terminología legal y las leyes sobre materia de derecho de familia, de violencia doméstica y de género y sobre protección de menores
  • formación en planes de coordinación de parentalidad y en procedimientos judiciales específicos de coordinación de parentalidad; y
  • técnicas y estrategias de mediación familiar

(Recogido de Fariña, F., Parada, V., Novo, M. y Seijo, D. (2017))

Por todo esto, el trabajo del CP se basa en una metodología de trabajo compleja, que necesita una alta colaboración con otros profesionales y una alta cualificación y formación especializada.

Debemos tener en cuenta sus diferenciaciones con otros profesionales con los que podríamos confundir sus competencias. Por ejemplo:

  • Se diferencia de los Equipos Psicosociales en que éstos asesoran al Juez realizando una labor de evaluación pericial, mientras que el CP puede tomar ciertas decisiones.
  • Se diferencia de la Mediación Familiar en que ésta necesita de la voluntad de ambas partes para poder llegar a un acuerdo, mientras que el CP no necesita de esa voluntad. Tampoco existe el componente de la confidencialidad que existe en la Mediación, puesto que el CP es una ayuda para el Juez, y por ende, debe compartir la información con éste para poder tomar las decisiones adecuadas sin que excederse en su cometido.
  • También se diferencia del Servicio Técnico del Punto de Encuentro Familiar en que el CP no desarrolla funciones de coordinación de visitas, no realiza peritajes como tales, funciones de diagnóstico, tratamientos terapéuticos, mediaciones o asesoramiento jurídico para las partes.

Históricamente, en el tiempo que lleva en vigor, esta figura sólo se utilizaba bajo mandato judicial, pero en la actualidad también puede ser acordada por los progenitores inmersos en el divorcio, sin la necesidad que intervenga un Juez o el Tribunal. Como ya hemos comentado, la intervención de este profesional se ciñe a situaciones donde existe controversia entre ambos progenitores en relación a asuntos cotidianos relacionados con la custodia, pero también se puede hacer uso de él ante situaciones familiares un poco más complejas como el conflicto continuo en el desarrollo de la coparentalidad, ante historial de abuso de drogas de uno de los padres, problemas de salud mental, alteraciones de conducta en uno o ambos progenitores, historia de violencia familiar, menores con necesidades especiales que no pueden o no saben suplir los padres o ante la transmisión al menor de una imagen errónea o distorsionada de un padre con respecto al otro (D'Abate, 2005).

Como vemos, el CP es una figura que debe tener conocimientos en general de mediación y de terapia, pero no debe actuar en ningún momento como un mediador o como un terapeuta para las partes. Es, en definitiva, un auxiliar del Juez para conseguir la implantación efectiva y adecuada de las medidas judiciales de la manera más consensuada y pacífica posible entre las partes, de forma que el menor sufra lo menos posible.

En definitiva:

Los estudios señalan elevados beneficios de la utilización de esta figura, como los ya mencionados relativos a tener que hacer menos usos de otros servicios como por ejemplo, Servicios Sociales o Protección del Menor, o a acelerar los procesos judiciales relacionados con litigios por separaciones cuando hay menores de por medio. El mayor beneficio considero que es el relativo al bienestar del menor. Éste es un niño inocente inmerso en un conflicto que no es el suyo y del que no debe formar parte. El que esta figura pueda ayudar de alguna forma, hace que el niño se sienta comprendido, se elimine su utilización para el conflicto y se evite el que el menor esté inmerso en una situación de estrés constante o que se pueda dar una parentificación del mismo.

Debemos dejar a los niños ser niños y los adultos debemos comenzar a comportarnos como los adultos que somos. Recordemos lo importante que es el bueno, o al menos adecuado, desarrollo familiar y tengamos siempre presente que "Lo que se le de a los niños, los niños darán a la sociedad". (Karl Augustus Menninger, Psiquiatra).

Publicado por:

Silvia P. Aguilar
Silvia P. Aguilar

Bibliografía:

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  • Brewster, K., Beck, C., Anderson, E. y Benjamin, A. (2011) Encouraging results from pilot testing a research methodology. Journal of Child Custody, 8, 247-267. Extraido de: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15379418.2011.620926
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  • Carter, D.K (2011) Parenting coordination: a practical guide for family law professionals. New York, NY: Springer Publishing Company.
  • Cyr, F., Macé, C. y Quigley, C. (2016) Parenting coordination pilot project at the Montreal Superior Court: implementation and outcome study.
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  • Méndez, E., López, A. y Seijo, D. (2018) Coordinación de la parentalidad para la vinculación abuelos-nietos en casos graves de violencia de género. En Arias, E., Sanmarco, J y Camplá, X. (Eds.) Libro de Actas XI Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense. pp. 122-123.
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  • Parada, V. y Fariña, F. (2018) Evidencia científica de la coordinación de la parentalidad (CP). En Arias, E., Sanmarco, J y Camplá, X. (Eds.) Libro de Actas XI Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense. pp. 123-125.
  • Parada, V., Seijo, D. y Fariña, F. (2017) Circunstancias familiares que subyacen a la intervención de coordinación de parentalidad (CP) En Carbonell, E., Pineda, D. y Novo, M. (Eds.) Psicología Jurídica. Ciencia y Profesión. Colección Psicología y Ley, 15. pp. 145-158. Santiago de Compostela: Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense.
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Scott, M., Ballard, F., Sawyer, C., Ross, T., Burkhauser, M., Ericson, S., y Lilja, E. (2010). The parenting coordination (PC) project implementation and outcomes study report. Extraido de: https://www.apapracticecentral.org/update/2010/04-29/pc-report.pdf