Recientemente fue introducido a la Agenda Nacional en México, por parte del Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, el tema de “desaparecer”, como algunos le han llamado, el tipo penal de Feminicidio, sin embargo, no se trata de remover del catálogo de delitos una conducta punible que responde a las exigencias no de uno o varios grupos, sino de la sociedad entera.

Esta propuesta ha sido criticada, repudiada y rechazada en diversos foros por múltiples personajes y organizaciones que se encuentran inmersas en la lucha por erradicar la violencia contra la mujer, de ahí lo que un servidor encuentra complejo.

Las organizaciones y algunas mujeres cuya voz es importante en el ámbito político y social, han buscado por décadas que la violencia contra la mujer no quede impune, sin embargo, de opiniones recogidas por un servidor en distintos puntos de la República como Oaxaca, Estado de México y Nayarit, por citar algunos ejemplos, el tipo penal de Feminicidio, o su equiparable en forma de un Homicidio Calificado que aparece en la Legislación local, está muy lejos de brindar tan anhelada justicia a las mujeres mexicanas que son sujetas a violencia sea o no de género.

¿Qué sucede en estas y algunas otras entidades buscando responder a las exigencias de una sociedad lacerada por la violencia contra las mujeres? La respuesta es simple, se introducen requisitos para que la privación de la vida de la mujer sea tipificada como Feminicidio y, si nos vamos a la más pura esencia de lo que es el Feminicidio, la privación de la vida de una mujer por el hecho de ser mujer, estamos en presencia de un crimen de odio, y este elemento, el odio hacia el sexo o género femenino es intangible, subjetivo y de compleja comprobación, al no acreditarse este elemento o alguno de los otros que se han plasmado en los diversos Códigos Penales de diversas Entidades Federativas, el Juez no puede más que reclasificar el delito y es cuando estamos en presencia de una posible impunidad que lastima a Padres, Madres, Hijos, Hijas, Hermanos y Hermanas de tantas mujeres que sucumben ante el embate violento de quien las priva de la vida, sea hombre o mujer, porque también las mujeres cometen Feminicidios.

¿Cuál es la posible solución al problema? ¿como poner fin a esa impunidad que día a día es reclamada en las calles, en el exterior de las Fiscalías, de los Palacios Legislativos o de los Tribunales? Les doy el ejemplo del Estado de Chihuahua, Entidad Federativa que ha estado en el ojo del huracán por casos de esta naturaleza.

El Código Penal del Estado de Chihuahua contempla en los artículos 125, párrafo segundo y 126, una pena agravada de 30 a 60 años de prisión en supuestos cuando la víctima privada de la vida es mujer, además de la acumulación de penas si se cometen otros delitos distintos a la privación de la vida aun cuando con ello se exceda la pena máxima, esto puede dar como resultado penas de más de 100 años en casos graves.

Además de estas agravantes, en el artículo 126 bis contempla la penalidad de 30 a 60 años de prisión si esta privación se da por razones de género, pudiéndose aumentar, mediante la acumulación de penas,  en caso de que se cometan otros ilícitos.

En el apartado relacionado con los delitos de género a la letra aparece, “Si faltaren las razones de género, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio”, es decir, en caso de que el Juzgador no considere que existe un crimen de género, puede reclasificar y juzgar como homicidio que, en este caso, se castiga de acuerdo al segundo párrafo del artículo 126 e implica que la pena SIGUE SIENDO DE 30 A 60 AÑOS, CON POSIBILIDAD DE ACUMULARSE OTRAS PENAS POR ILÍCITOS DISTINTOS AL HOMICIDIO QUE SE HAYAN COMETIDO EN CONTRA DE LA VÍCTIMA. La pena sea o no crimen de género sigue siendo calificada y el castigo ejemplar.

Este es el espíritu que debe imperar en la nueva legislación al hablar de la privación de la vida de una mujer, agregar a las agravantes de género el Feminicidio como lo que es, un crimen de odio que puede ser cometido por un hombre o una mujer que odia a las mujeres y, en caso de que esta agravante específica o las demás de género, no se acrediten por ser subjetivas, complejas o por errores del persecutor, tengamos la certeza de que la muerte de una mujer no quedará impune y se castigará con el mismo rigor por el hecho de que la víctima es mujer, que creo, es lo que todos buscamos.

Esta hipótesis nos lleva a una formula simple:

Si la víctima es mujer, el victimario será castigado de manera ejemplar por el hecho de que la víctima es mujer.

Una posible redacción para el artículo correspondiente sería:

“Se impondrán de 30 a 60 años de prisión y una pena de reparación del daño integral a quien prive de la vida a una mujer, dolosamente:

a). En cualquier supuesto;

b). En el caso de que se actualicen las razones de género de acuerdo a lo establecido en el presente código;

c). Cuando se trate de un Feminicidio.

La pena podrá aumentarse acumulando las penas que correspondan, por cada delito que se cometa y que sea distinto a la privación dolosa de la vida de una mujer, aun cuando con ello se rebase la pena máxima contemplada al inicio del presente artículo.”

Les dejo el texto de los artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua, que sin la palabra Feminicidio buscan que se haga Justicia para las mujeres Chihuahuenses y, espero sirva de ejemplo y alguien lo tome para incluirlo en la Legislación a nivel Nacional, sin banderas, sin ideologías radicales, sin búsqueda de gloria y solo con la finalidad de que la impunidad en los crímenes contra mujeres se termine.

Porque todas las víctimas cuentan o no cuenta ninguna.

Artículo 125. A quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de diez a treinta años. Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio.

Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de las previstas en el artículo 136 de este Código, se impondrán de treinta a sesenta años de prisión, salvo que se trate de riña.

Artículo 126. Cuando la víctima del delito de homicidio sea del sexo femenino o menor de edad, se aplicarán las penas previstas en el segundo párrafo del artículo anterior.

Si además del homicidio, se cometen en perjuicio de la víctima otros delitos, deberá imponerse pena por cada delito cometido aún y cuando con ello se exceda el máximo de la pena de prisión.

Artículo 126 bis. A quien prive de la vida a una mujer por razones de género, se le impondrá de treinta a sesenta años de prisión y la reparación integral del daño. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

II. Antes o después a la privación de la vida, a la víctima se le hayan infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana.

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el activo ejerció sobre la víctima de forma anterior a la privación de la vida, violencia física, psicológica, económica, patrimonial o de cualquier tipo; independientemente de que exista denuncia o haya sido del conocimiento de alguna autoridad.

IV. Por misoginia.

Además se aumentará de uno a veinte años la pena de prisión impuesta, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. Si una servidora o servidor público, aprovechándose de su cargo, interviniere en cualquier etapa del hecho delictivo.

II. Si fuere cometido por dos o más personas.

III. Si fuere cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviere vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil o una relación afectiva o sentimental de hecho, a sabiendas de esta relación.

IV. Cuando la víctima fuere menor de edad o adulta mayor; de pueblos originarios; estuviere embarazada; sufriere discapacidad física, mental, intelectual o sensorial; o se encuentre en cualquier otra condición especial.

V. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad, laboral, docente, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.

VI. Si la víctima, por cualquier medio, fue sometida a prácticas que alteraran su estructura corporal con menosprecio al cuerpo de la víctima.

VII. Si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad del agente, utilizando los medios o circunstancias que su cargo o situación personal le proporcionen.

VIII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.

IX. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido en circunstancias tales que pueda ser visto por otras personas.

X. El cuerpo de la víctima sea enterrado u ocultado.

XI. Cuando la víctima se encuentre en estado de indefensión.

Si faltaren las razones de género, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio.

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